Resumen: La Sala interpreta el art. 49 del TREBEP señalando que no autoriza, ni impone, ni prohíbe, que al permiso de maternidad del apartado a), pueda añadirse, o no, el permiso del otro progenitor que regula el apart. c) del mismo precepto legal. Ello referido, como es natural, a la parte que resulta acumulable, es decir, excluyendo las 6 primeras semanas de descanso obligatorio, que son las posteriores al parto (art. 49.c) y durante las que se solapa la presencia de ambos progenitores en el cuidado al menor, lo que conduce a una función integradora de la ley que sólo prevé el supuesto para la familia biparental, y sin perjuicio de que la STS (Sala de lo Social) de 2 de marzo de 2023, haya resuelto en sentido distinto, la Sala de lo Contencioso- Administrativo considera que el caso enjuiciado se enmarca en el ámbito relativo al régimen estatutario del empleado público, a través del TRLEBEP, toda vez que los artículos 23.2 y 103.3 de la CE imponen ciertas exigencias formales y materiales sobre la regulación del estatuto de los funcionarios públicos, a observar. Esta naturaleza estatutaria sitúa al funcionario público en una situación jurídica objetiva, definida legal y reglamentariamente y, por ello, modificable por uno u otro instrumento normativo de acuerdo con los principios de reserva de Ley y de legalidad, por lo que para evitar vulnerar el principio de igualdad del menor, se reconoce que procede adicionar al permiso de 16 semanas (apart. a), las 10 semanas (apart. b).
Resumen: La Sala desestima el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que estima el derecho de la parte recurrente a que se abonen las diferencias retributivas entre lo que le hubiera correspondido de haber estado en activo y lo percibido. Inexistencia de desviación procesal. Del expediente administrativo se desprende que existió el llamamiento a la demandante que fue aceptado y que no se formalizo quedando en situación "reserva maternal" siendo designadas otras aspirantes, lo que de acuerdo con la doctrina jurisprudencial expuesta vulneraría el derecho fundamental alegado ya que si la demandante no hubiera estado de baja la contratación hubiera sido efectiva con todos los derechos inherentes. La reserva de nombramiento supone un perjuicio económico en relación con unos servicios que si no existiera la situación de maternidad se hubieran prestado y por tanto no tiene el carácter inocuo pretendido por la recurrente.La "reserva" del nombramiento, sin formalización del contrato, en aplicación de un pacto sindical sobre selección de personal temporal de un servicio de salud estando en situación de incapacidad temporal por "complicación de embarazo", supone o implica vulneración del derecho fundamental de igualdad.
Resumen: Se recurre una resolución de la Comisión Permanente del CGPJ, que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra del Tribunal calificador del proceso selectivo convocado para la provisión de plazas, entre juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional en materias propias de los órganos del orden social, para el acceso a la Carrera judicial por la categoría de Magistrado/a, por el que se aprueba la relación de personas convocadas a la realización del dictamen. Admisión de méritos inespecíficos en el ejercicio de la abogacía. Se determina la inexistencia de infracción de la doctrina de los actos propios por parte del Tribunal calificador. Aun aceptada una hipotética contradicción entre el tratamiento de unos méritos y otros en función de su naturaleza y contenido no infringiría el principio venire contre factum proprium non valet. No existe un acto propio en la decisión de haber computado de forma distinta méritos que también lo son. Inexistencia de extralimitación en la interpretación de las bases por parte de Tribunal en la valoración de los méritos. Inexistencia de prueba por parte del recurrente de que los méritos aportados no incurren en la prohibida reiteración o confluencia de materia. Inexistencia de vulneración del principio de acceso en condiciones de igualdad a las funcione sy cargos públicos.
Resumen: No ha lugar al recurso seguido para la protección de derechos fundamentales, interpuesto por una organización de usuarios y consumidores contra el Real Decreto 448/2023, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios. La Sala descarta que la exigencia de nuevos requisitos mínimos a las asociaciones ya constituidas y a los que deben ajustarse en el plazo de un año, haga inviable el ejercicio del derecho de asociación que venían hasta ahora ejerciendo, pues considera que esa mayor exigencia es un objetivo lícito. El litigio se centra en la DT1ª relativa a las asociaciones ya inscritas en el Registro a la entrada en vigor del RD impugnado, descartando la Sala la infracción de los artículos de la Constitución invocados, en especial el derecho fundamental de asociación -22 CE-, en el establecimiento de un régimen general regulado en la LODA y distintos regímenes que se ajustan a la diversidad de entes asociativos, concretamente que las asociaciones de consumidores y usuarios quedan sujetas a su legislación específica, lo que guarda relación con el artículo 22 de la LGDCyU. No es cuestión litigiosa enjuiciar directamente los preceptos del Reglamento que concretan el contenido esencial del artículo 22 de la Constitución porque no es pretensión de la actora que se anulen.
Resumen: El servicio de empleo puede utilizar como criterio de desempate la prioridad en la presentación de solicitudes siempre que a la situación de igualdad se llegue mediante la aplicación de criterios respetuosos con los principios de igualdad y capacidad
Resumen: El acceso a la información contenida en equipos o repositorios informáticos de datos que se encuentren en un domicilio constitucionalmente protegido o sean accesibles desde este, requiere que el auto que autoriza la entrada en dicho domicilio razone de manera específica la justificación del acceso a esa información, con la finalidad de salvaguardar los derechos fundamentales del art 18 de la de la Constitución. Establecido esto, la sentencia considera que la autorización de entrada domiciliaria no amparaba el acceso a los datos contables alojados en la "nube", por lo que tales no pueden servir para justificar la liquidación, si bien, los motivos de la regularización no traen causa de los datos obtenidos del acceso a la nube, sino por la calificación de los rendimientos obtenidos de inmuebles como rentas del capital inmobiliario y no por actividades económicas.
Resumen: El acceso a la información contenida en equipos o repositorios informáticos de datos que se encuentren en un domicilio constitucionalmente protegido o sean accesibles desde este, requiere que el auto que autoriza la entrada en dicho domicilio razone de manera específica la justificación del acceso a esa información, con la finalidad de salvaguardar los derechos fundamentales del art 18 de la de la Constitución. Establecido esto, la sentencia considera que la autorización de entrada domiciliaria no amparaba el acceso a los datos contables alojados en la "nube", por lo que tales no pueden servir para justificar la liquidación, si bien, los motivos de la regularización no traen causa de los datos obtenidos del acceso a la nube, sino por la calificación de los rendimientos obtenidos de inmuebles como rentas del capital inmobiliario y no por actividades económicas.
Resumen: El acceso a la información contenida en equipos o repositorios informáticos de datos que se encuentren en un domicilio constitucionalmente protegido o sean accesibles desde este, requiere que el auto que autoriza la entrada en dicho domicilio razone de manera específica la justificación del acceso a esa información, con la finalidad de salvaguardar los derechos fundamentales del art 18 de la de la Constitución. Establecido esto, la sentencia considera que la autorización de entrada domiciliaria no amparaba el acceso a los datos contables alojados en la "nube", por lo que tales no pueden servir para justificar la liquidación, si bien, los motivos de la regularización no traen causa de los datos obtenidos del acceso a la nube, sino por la calificación de los rendimientos obtenidos de inmuebles como rentas del capital inmobiliario y no por actividades económicas.
Resumen: Declara la sentencia que en relación con las exigencias de la autorización de acceso y entrada a domicilios constitucionalmente protegidos -sujeción a los principios de necesidad, adecuación y proporcionalidad de la medida-, es extensible a aquellas actuaciones administrativas que, sin entrañar acceso al domicilio constitucionalmente protegido, tengan por objeto el conocimiento, control y tratamiento de la información almacenada en dispositivos electrónicos (ordenadores, teléfonos móviles, tabletas, memorias, etc.) que pueda resultar protegida por los derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar; al secreto de las comunicaciones y a la protección de datos. En el caso, el Auto que autorizó la entrada no amparó la obtención de datos en "la nube", y los datos de esta fueron proporcionados por quien no era el legal representante. Dicho esto, la liquidación se sostiene en datos distintos a los obtenidos mediante el acceso a la nube, y de los que se desprende que no existió actividad económica de arrendamiento de inmuebles, sino rendimientos del capital inmobiliario.
Resumen: El acceso a la información contenida en equipos o repositorios informáticos de datos que se encuentren en un domicilio constitucionalmente protegido o sean accesibles desde este, requiere que el auto que autoriza la entrada en dicho domicilio razone de manera específica la justificación del acceso a esa información, con la finalidad de salvaguardar los derechos fundamentales del art 18 de la de la Constitución. Establecido esto, la sentencia considera que la autorización de entrada domiciliaria no amparaba el acceso a los datos contables alojados en la "nube", por lo que tales no pueden servir para justificar la liquidación.
